Presentarán informe sobre atentado golpista en Brasil

Un informe sobre los asaltos del pasado 8 de enero a las dependencias gubernamentales en Brasil será presentado el viernes al titular de la Corte Suprema, Alexandre Moraes, por el interventor federal en la Seguridad Pública del Distrito Federal (DF), Ricardo Cappelli.

De acuerdo con el funcionario federal, el objetivo es investigar más profundamente la violenta revuelta que sufrió la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) a manos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.

Imágenes publicadas el pasado miércoles muestran, con más detalle, el saqueo y la destrucción perpetrada contra el lugar, por lo que el documento podría incluir informes de las fuerzas de seguridad, además de conclusiones que pueden decantar responsabilidades.

Uno de los perfiles del documento es la revelación del aumento en el número de personas en el campamento golpista frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, días antes de los ataques.

El 6 de enero el albergue estaba ocupado por alrededor de 300 personas y al otro día saltó a tres mil 800, según el blog de la periodista Andréia Sadi,.

Medio locales aseguran que el grupo golpista en Brasilia fue enriquecido por decenas de autobuses que llegaron a la capital desde el fin de semana anterior al ataque.

La Policía Militar del DF mantenía pocos hombres en el lugar, no consiguió frenar a los terroristas y fue acusada de omisión.

Durante la presentación el miércoles reciente de Sandro Avelar como nuevo secretario de Seguridad Pública del DF, Cappelli habló sobre el informe y destacó que el trabajo en cuestión exige cautela.

«Es el exceso de celo, porque es un informe en el que estamos tratando de responder algunas preguntas, a partir del levantamiento de una serie de documentos que la gente debe a la sociedad y a la historia de Brasil», apuntó.

«Es el celo por el cuidado con la información, para poder llevarla más precisa a la sociedad. Resulta una responsabilidad nuestra con la sociedad y con la historia», reiteró.

En el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, la turba destruyó obras de arte y mobiliario, mientras que el plenario del STF fue destruido. Hasta la fecha, unas mil personas continuaban detenidas por supuesta participación en los violentos acontecimientos.

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