Fiscalía General de la República rinde cuenta de su gestión
Al intervenir ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, la fiscal general de la República Yamila Peña Ojeda, destacó que tras la anterior rendición de cuenta, en 2017, se consolidó el intercambio activo con los diputados, quienes han emitido “valiosos criterios y sugerencias en aras de continuar perfeccionando el quehacer de este órgano”.
Peña Ojeda se refirió a la fluctuación laboral, un asunto “en extremo sensible”, que “recibe permanente atención, con la evaluación de los diversos factores que influyen en las bajas; apreciándose, desde finales de 2021, un incremento”.
Comentó que, en correspondencia con la política penal, se prestó especial atención a las conductas que afectan las prioridades del desarrollo económico y social identificadas por el país, las manifestaciones de violencia, hechos contra la estabilidad de la nación y la economía.
Otros flagelos referidos por la fiscal son la corrupción, el proxenetismo, el consumo y tráfico de drogas, el robo de combustible, el sacrificio ilegal de ganado mayor y agresiones contra los agentes de la autoridad.
De acuerdo con el informe, se brindó atención a la utilización racional de la medida cautelar de prisión provisional y a su permanencia, impuesta fundamentalmente ante conductas y hechos de mayor gravedad.
Entre 2017 y 2021 se registró un incremento de más de 174 534 personas atendidas, respecto a la etapa anterior.
La fiscal destacó que ofrecer respuestas a la ciudadanía de forma personal constituyó un objetivo permanente de trabajo en los años previos al inicio de la actual pandemia. “Ello se logró en más de un 95% de los casos y, en la última etapa fue de un 89%, implementándose para ello otras alternativas que garantizaran el intercambio con la población”.
Los fiscales intervinieron en más de 25 000 procesos civiles y de familia, el mayor número relacionados con asuntos vinculados a las relaciones paterno filiales, reconocimiento de matrimonios, divorcios y reclamación de alimentos.
Peña Ojeda aseguró que en inspecciones a establecimientos penitenciarios y locales de detención, se organizaron comprobaciones temáticas dirigidas a la observancia de la salud, empleo, tratamiento a los reclusos en situación de discapacidad, derechos y garantías de los detenidos, entre otros.
Destacó las relaciones internacionales con órganos homólogos de otros países, con los cuales se han firmado instrumentos de cooperación bilateral.
