EDITORIAL: ¡Código sí!

Cuando en el pasado siglo Cuba presentó el Código de la Familia todavía vigente, la norma era una de las más revolucionarias de América. Se reconocían derechos y se planteaban deberes que rompían con esquemas retrógrados, enraizados en el entramado social y cultural. Una ley, por supuesto, no basta para eliminar todos los prejuicios y prácticas asociadas, para resolver los conflictos que plantean las discriminaciones o iniquidades más o menos evidentes. Pero es pilar fundamental en la lucha por la justicia plena.

Era necesaria una nueva ley, que atendiera un contexto, pero que se basara sobre todo en el reconocimiento de derechos inalienables de toda la ciudadanía.

Los cambios que propicia el nuevo Código de las Familias no van en detrimento de nadie. A nadie le quitan. Pero benefician a ciudadanos que antes estaban desprotegidos o estaban en desventaja. Y no solo a los homosexuales, como dicen algunos. A todos, sin excepciones.

Convendría leer con detenimiento la ley que será sometida a referéndum. Artículo por artículo. Es evidente que no despoja a ningún individuo o sector. Suma, no resta. Es una ley nacida de una profunda reflexión colectiva, en la búsqueda de consensos. Y es diáfana en su pretensión de justicia. La propia Constitución de la República rechaza las discriminaciones, el Código de las Familias reafirma esa vocación.

Algunas concepciones religiosas entran en contradicción con ciertos postulados de la ley. Hay debates en ese sentido. Pero la Constitución respeta la libertad religiosa. Y las iglesias son parte del entramado social, no representan al entramado social en su integralidad. Se legisla para la sociedad toda.

A nivel personal, sería bueno entender la ley en su conjunto, aunque haya incomprensiones o desacuerdos con artículos puntuales.

Condicionar o negar el apoyo al Código por consideraciones políticas, porque fue gestada desde la institucionalidad, es negarle el goce de sus derechos a importantes sectores. La ley da respuesta a demandas de años de muchos colectivos. Parece contradictorio que algunos rechacen la ley porque «el gobierno está detrás», mientras disfrutan de los beneficios de otras leyes que el propio gobierno ha promovido.

Y este, en todo caso, no es el Código «del gobierno», sino el resultado de la confluencia de las instituciones y actores y grupos de la sociedad civil.

Como se ha dicho, el Código busca garantizar los derechos de todas las personas, cualquiera sea la estructura o forma de organización por la que han apostado al momento de formar una familia, que es, en definitiva, una entidad moral, de naturaleza plural que posee un único objetivo: hacer felices a aquellos que la componen.

Votar afirmativamente por el Código de las Familias es una apuesta por la diversidad, por el amor y la responsabilidad. Cuba puede ubicarse, nuevamente, en la vanguardia en legislación social en América Latina. Tenemos la posibilidad de concretarlo.

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