EE.UU.: Contaminador golpeado por el cambio climático
Estados Unidos, el primer país contaminante del planeta, renuente generalmente a aceptar convenios que aminoren o combatan el cambio climático, acaba de ser golpeado fuertemente por dos eventos del mal creado y agravado por el hombre, al quedar completamente sin agua el embalse más grande de Estados Unidos, el lago Mead, debido a una fuerte sequía que está afectando gravemente al río Colorado; y en Denver, en apenas 36 horas, la temperatura varió nada más y nada menos que 33 grados: desde los 32ºC hasta un grado bajo cero, cayendo 30 centímetros de nieve y cortando la electricidad a 200 000 personas.
Este jueves 14 de julio fueron registrados 54 grados en el Valle de la Muerte, una región del sureste de California donde las altas temperaturas no son desconocidas. En ese sitio, cerca del límite con el estado de Nevada, el mercurio suele arrojar algunas de las marcas más altas de Norteamérica. La registrada esta semana, sin embargo, roza la máxima histórica, de 57 grados, documentada en julio de 1913 durante una ola de calor que dejó cinco días consecutivos de 54 grados. Palm Springs, también en el desierto californiano, ha sufrido un calor que no se había visto desde la década de los 90. El condado de San Diego, al sur, también tuvo el jueves el segundo día más caluroso de su historia.
California y Texas, dos estados en las antípodas ideológicas, han encontrado esta semana que tienen algo muy importante en común. Esas regiones, las más pobladas del país, se han visto obligadas a pedir a millones de habitantes reducir el uso de electricidad ante la sobrecarga de los sistemas eléctricos. La ola de calor golpea también el sur de Arizona y de Utah y se extiende por todo el oeste de Estados Unidos.
Comenta AP que a la mente de los tejanos vino la última crisis del clima, registrada apenas este invierno. Las bajas temperaturas provocaron también fallas en la red que dejaron sin electricidad a millones de personas. Por lo menos 151 habitantes fallecieron en la temporada, entre ellas Cristian Pavón, un menor de once años que murió de hipotermia en febrero dentro de una casa rodante en el condado de Conroe. Otros análisis creen que la cifra de fallecidos se acerca realmente a 700 personas.
“Parece que nuestra red en Texas no solo no soporta el frío. Tampoco el calor”, señaló Cristina Tzintzun, una tejana de 39 años que vive en Austin y preside NextGen America, una organización que promueve el voto con base en las plataformas de lucha contra el cambio climático de los políticos. La activista cree que la situación se ha convertido también en una crisis política para el gobernador republicano Greg Abbott, quien ha evitado hablar de los problemas climáticos y ha preferido presentar esta semana una iniciativa para continuar el muro fronterizo iniciado por Donald Trump entre Estados Unidos y México.
“En Texas los políticos no quieren enfrentar el cambio climático. Se está dejando a millones de personas y no basan sus decisiones en la ciencia, sino en los intereses de sus donadores y bases políticas”, añade Cristina, quien recuerda que los más afectados por las altas temperaturas en el estado son latinos, quienes trabajan al aire libre en trabajos de construcción, la agricultura y la jardinería.
OTRA VEZ LA INJUSTA JUSTICIA
Ahora, quienes no hacían caso al grave problema, demandan medidas oficiales para paliar la grave situación, algo que tendrá fuertes obstáculos por una nueva decisión de lo que llaman Corte Suprema de Justicia que limita el poder de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para imponer límites a las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.
Es algo que no puede sorprender en el autotitulado país más democrático del mundo, tras la sentencia que consagra el derecho a llevar armas de fuego en público y la que ha revocado el derecho constitucional al aborto. El tribunal comprometió así la agenda climática del gobierno de Joe Biden, al imponerse los seis jueces reaccionarios sobre los tres menos conservadores, porque progresistas, como afirman algunos, no son.
La sentencia de 89 páginas, publicada este jueves, quita a la EPA la autoridad para imponer medidas anticontaminantes en todo el país, y eleva ese poder al Congreso, donde los demócratas no cuentan con mayoría suficiente para desatascar sus propuestas legislativas. Además, pueden perder el control de las dos cámaras en las elecciones de mitad de mandato, que se celebran el 8 de noviembre, y en las que se renueva un tercio del Senado y los 435 miembros de la Cámara de Representantes.
Así, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, como antes benefició a la Asociación Nacional del Rifle y a la industria armamentística, ahora promueve con su bendición una clara para las compañías petroleras y mineras, al darles la victoria a Virginia Occidental en su demanda contra la EPA, fue presentado originalmente por ese estado, y al que se sumaron Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Luisiana, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Wyoming y el gobernador de Misisipi. A esos 19 Estados se unieron posteriormente el Estado de Dakota del Norte y dos históricos gigantes de la minería de carbón en Estados Unidos, The North American Coal Corporation y Westmoreland Mining Holdings.
Esos Estados, muchos de ellos ricos en carbón y petróleo, plantearon la siguiente cuestión: “¿Autorizó constitucionalmente el Congreso a la Agencia de Protección Medioambiental a dictar normas importantes —incluidas las capaces de remodelar las redes eléctricas del país y descarbonizar unilateralmente prácticamente cualquier sector de la economía— sin ningún límite a lo que la agencia puede exigir siempre que tenga en cuenta el coste, los impactos no atmosféricos y los requisitos energéticos?”
La respuesta de los jueces es que no lo hizo, que decisiones tan relevantes solo pueden depender del Congreso o de una agencia gubernamental que haya recibido una “delegación de poderes clara” del Congreso. La genérica cesión de competencias de la Clean Air Act, la ley del Aire Limpio, no basta. La sentencia mantiene algunos poderes menores para la EPA, pero la desautoriza para regulaciones ambiciosas que limiten las emisiones.
Es un gran triunfo para los productores de combustibles fósiles, que cuentan con grandes aliados en las filas republicanas.
La decisión tiene enormes consecuencias, al impedir que la EPA estableciera normas en el ámbito regional o incluso nacional, forzando cambios drásticos en cómo y dónde se produce la electricidad, así como transformando cualquier otro sector de la economía que emita gases de efecto invernadero. “El poder de regular las fábricas, los hospitales, los hoteles e incluso los hogares tendría unos costes y unas consecuencias tremendas para todos los estadounidenses. (…). Solo el tribunal puede resolver si la EPA tiene este poder unilateral o si el Congreso debe asumirlo”. Los demandantes rechazaban “los costes graves y desproporcionados para los estados y otras innumerables partes afectadas” que podría tener la lucha contra el cambio climático.
De esta manera, con esta nueva e inhumana decisión, la Corte agujereaba la propuesta de Biden, al poco de asumir la presidencia, dando un giro a la política climática de su antecesor, Donald Trump, que sacó a su país del Acuerdo de París por la puerta de atrás, en un discurso solitario desde la Rosaleda de la Casa Blanca en el 2017. En abril del 2021, el actual presidente, también un incumplidor de promesas, aseguró a Naciones Unidas que las emisiones netas de gases de efecto invernadero de Estados Unidos se reducirían entre un 50% y un 52% en el 2030 respecto a los niveles de 2005, con la vista puesta en lograr la neutralidad de sus emisiones en el 2050.
Pero, como en otros muchos aspectos de la vida, nada bueno se puede esperar del principal contaminador del medio ambiente.
