Avión venezolano secuestrado pone en entredicho justicia argentina
La presentación hoy de los 19 tripulantes del avión venezolano ante tribunales de Argentina, dará la posibilidad a la justicia del país sudamericano de rectificar la decisión adoptada hace tres meses o de sumar nuevas anomalías.
Desde junio último la nave aérea y su dotación de 14 venezolanos y cinco iraníes, permanecen secuestrados en Buenos Aires, según las autoridades de Caracas, en un hecho repleto de irregularidades que contravienen las leyes internacionales y nacionales.
Un análisis de Misión Verdad refiere que el secuestro del Boeing 747-300, perteneciente a la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur, filial de Conviasa, podría convertirse en el hecho más grave e inamistoso conocido en la aviación comercial latinoamericana en los últimos años.
Cita, al respecto, una serie de arbitrariedades que laceraron la integridad de la tripulación como la retención de la aeronave en suelo argentino, mientras descargaban la carga contratada por la empresa Volkswagen.
Varias transgresiones se refieren al Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sobre la libertad de salida de un país de cualquier ciudadano no nacional sin razones justificadas en el orden migratorio o judicial.
Allanamientos ilegales, el daño moral contra la tripulación y el desconocimiento de normas operacionales también ponen al desnudo el proceder de la justicia argentina, según la fuente.
Viciado de irregularidades, el secuestro de la aeronave despertó la indignación desde los primeros días, con el rechazó de autoridades, movimientos de solidaridad y organizaciones regionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de los Pueblos.
El mecanismo regional de integración expresó en un comunicado que ese acto “constituye una vulneración a los derechos humanos básicos” de la tripulación como la libertad de movimiento y el respecto a la dignidad personal.
Denunció, asimismo, que forma parte de una nueva maniobra de incumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, basada en las “ilegales medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela”.
El presidente Nicolás Maduro subrayó que el avión no incurrió en ninguna ilegalidad nacional ni internacional y aseguró se trata de una maniobra contra la República Bolivariana.
Aseguró que más temprano que tarde se hará justicia de esta maniobra, promovida desde los Estados Unidos y a cargo del Buró Federal de Investigaciones.
